La carta

 

En una semana signada por polémicas medicas y cortinas de humo de tabaco se dieron a conocer por parte de las autoridades económicas la Carta de Intención que nuestro gobierno suscribió con el Fondo Monetario Internacional de forma de garantizar la asistencia crediticia suficiente tanto para la sustentabilidad del programa financiero como para estar en condiciones de recibir los fondos de los otros multilaterales dirigidos al financiamiento de obras de infraestructura y reformas estructurales.

 

Hasta ahora el análisis de la misma ha quedado reservado para los especialistas, dado que el debate político va como casi siempre en la trascendencia de mantener el asado de manufactura a treinta pesos o en la  eventual falta de soberanía de una hipotética inversión uruguaya en los Estados Unidos, pero lo que es seguro que a medida que se acerque la etapa presupuestal vamos a tener la posibilidad de ver un nuevo lió en ciernes en el oficialismo.

 

Los compromisos asumidos son inclusive más restrictivos que toda carta intención firmada con anterioridad, iniciar la discusión del presupuesto nacional con la intención de llegar a un superávit primario del entorno  del 4 % del PBI para los años venideros, plantea un horizonte poco propenso a aquellas “iniciativas populares” plasmadas por la izquierda en aditivos legislativos que recogían al barrer todo planteo proveniente de cualquier repartición del Estado, termina con la máxima definida por la pro actividad estatal para generar crecimiento porque obviamente limitará tremendamente las inversiones y obras públicas y lo más preocupante es que define como prioritario la baja de inflación por encima de  la competitividad lo que  asegura en el mediano plazo un mercado seco de moneda nacional y un dólar  con un techo de 25 pesos o menos.

 

Vemos por tanto plasmado en la realidad el “modelo frentista”, la receta del país productivo con  atraso cambiario comprometido y con todo tipo de promesas de recuperación salarial en el sector público  modificada al influjo de esta extensión del Consenso de Washington de corte progre, así que nada podrá decirse de Zerbino, Braga, De Posadas, Mosca, Bension o Alfie, dado que la terminología es literalmente similar y por ende reivindicatoria.

 

 

Salvo por la herejía de no favorecer el tipo de cambio, estamos absolutamente de acuerdo con lo comprometido, siempre creímos en la necesidad de generar un marco propicio para las inversiones, siempre sostuvimos que esta es la única forma de asegurar empleos genuinos, apoyamos de todas las maneras existentes mecanismos para reducir el peso del aparato estatal en nuestra economía, para favorecer el crecimiento económico, y por supuesto que apostamos a un presupuesto austero y equilibrado de las finanzas públicas.

 

Fueron otros los que hablaron de que la Shell y la Texaco invertían para apropiarse del agua de los uruguayos, otros fueron los que solucionaban los aumentos salariales con la maquinita de imprimir billetes y otros fueron los dueños de los  originales conceptos de déficit buenos, de inflación controlada y beneficiosa, o deuda externa confiscatoria.

 

Ahora que son gobierno se conocerá la verdad, probablemente llena de reproches a la herencia maldita, llena de declaraciones de buena voluntad y tapadas de excusas.

 

Lo que seguro también habrá es un incumplimiento o con lo comprometido con el Fondo o con las promesas electorales, dado que en Economía  por ahora esta todo inventado y no hay ingreso ciudadano que pueda hacerle frente.

 

Cualquiera que sea el camino elegido lo padeceremos todos los uruguayos, así que a prepararse desde el gobierno, porque la opción de gobernar en solitario es suya y nada más que suya y la de practicar el doble discurso también.

 

Suerte en pila.

 

Sebastián da Silva