SI  A  LA  MUJER EN  POLITICA

 

Los derechos y obligaciones de las mujeres han experimentado, felizmente, una permanente expansión a lo largo de los últimos cien años a nivel mundial y nacional.

Vemos así como la mujer se incorpora al mundo laboral, participa en actividades técnicas profesionales, gerenciales y civiles. Actúa en política, vota, y, no sin fuertes resistencias que debió ir venciendo, es reconocida por la sociedad como protagonista de su destino.

Sin embargo, el proceso aún esta en marcha y el camino a recorrer todavía es largo.

 

Lamentablemente se experimenta en el mundo laboral una injusta discriminación hacia la mujer, la que resulta estadísticamente postergada a posiciones de menor jerarquía y a remuneraciones de menor cuantía que aquellas a las que acceden los hombres.

 

En la actividad política, lamentablemente los indicadores no son mejores.

 

Con una participación de poco más del once por ciento de los cargos representativos, la injusticia es aún mayor que en otros sectores de actividad.

 

Ante esta situación entendemos que se debe actuar en forma positiva y eficaz, procurando eliminar todos los elementos discriminatorios que antepongan una condición de inferioridad en las oportunidades que se otorguen a una persona, por fuera del sexo al que pertenezca.

 

Siempre hemos defendido la necesidad de actuar para habilitar la participación de las mujeres en política sin establecer mecanismos artificiales que en definitiva no solo no resuelven el problema sino, muy por el contrario pueden contribuir a desvirtuar la representatividad por la que desde una y otra posición, no tengo dudas, todos pretendemos actuar.

 

El establecer un porcentaje de participación obligatorio en las listas de candidatos especialmente atenta contra la justa y natural competencia que debe ser habilitada para que en una sociedad moderna se exprese a través de la delegación política.

Actuando de esta forma, pueden surgir dos síntomas que en definitiva agravarían la situación que se pretende corregir.

 

Por un lado la competencia “desleal” que se puede dar entre aquellas postulantes que quieran  acceder a una posición política, con prescindencia de su capacidad y dedicación, por el solo hecho de ser del sexo femenino.

 

Por otro lado, en muchos de los países en los que como en la región se han establecido cuotas obligatorias para la integración de los cuadros de dirigencia partidaria, el surgimiento de esposas y familiares de figuras políticas como candidatas “accesorias” lejos de dignificar la representación femenina, la desprestigian.

 

En Argentina y Brasil donde funcionan sistemas de este tipo, resulta evidente que las cónyuges de los líderes partidarios, generalmente resultan ser mujeres políticas en una no extraña coincidencia que entendemos  poco natural.

 

La mujer en política debe procurar acceder a posiciones de poder sin exclusiones ni discriminaciones ni bajo el amparo de mecanismos artificiales, valiéndose de su inteligencia, capacidad y contracción al trabajo.

 

Por estas razones es que encontramos inconveniente el legislar al respecto como se esta considerando hoy hacerlo en el Parlamento, sin perjuicio de que además de estas razones de fondo, existe una notoria limitante constitucional  para que el asunto pueda ser resuelto a través de un instrumento legal como el que está a estudio.

 

La mujer uruguaya necesita no ser discriminada para poder ocupar los

lugares que le corresponde y esta dispuesta a asumir.

 

Ante esa causa todos debemos actuar, con hechos concretos, habilitando, como hemos procurado siempre desde Desafío Nacional la participación plena e irrestricta para todos los cargos y posiciones en todas las listas de todas aquellas mujeres que quieran ocupar las posiciones por las que estén dispuestas a trabajar. Sin muletas. En plena igualdad.

 

Alvaro Alonso