LA REFORMA PROPUESTA

 

 

Nadie, a esta altura, discute la necesidad de llevar adelante una reforma del sistema tributario de nuestro País.

 

Es más, existe una amplia base de consenso en que se debe simplificar el modelo actual y procurando establecer una arquitectura impositiva que se oriente a contemplar la capacidad contributiva de los ciudadanos, para construir un esquema más equitativo y justo.

 

Inclusive es compartible el  postulado que el Poder Ejecutivo esgrime al presentar su propuesta, en el sentido de que resultaría conveniente el poder desarrollar fórmulas que estimulen la inversión productiva y el empleo.

 

El problema está, en que del dicho al hecho, acá aparece  un gran trecho, que obedece entre otras cosas, a una suerte de irrefrenable vocación por la contradicción del gobierno nacional.

 

Una estructura repetida

 

Desde el análisis de la composición de la estructura impositiva se repite casi idénticamente la misma participación de los impuestos directos e indirectos en cuanto a su incidencia en el total de la recaudación.

Impuestos             % actual        %proyectado                   

Directos                    27,7                  31,4

Indirectos                 72,3                  68,6

Total                      100                    100

 

Resulta decepcionante verificar que la oportunidad no es aprovechada más que para llevar adelante una simbólica rebaja de la tasa básica del I.V.A., con lo que seguiremos siendo los campeones del mundo en esta materia.

 

La incitación a la defraudación que provocan los sistemas asfixiantes con altas tasas al valor agregado se comprueba día a día en el decepcionante nivel de informalismo que se da a lo largo y ancho de todos los sectores de actividad, no siendo suficiente el ímpetu de la policía tributaria para poder revertir una situación que se presenta desleal e injusta para aquellos que operan de acuerdo a lo que la ley manda.

 

Para poder avanzar en el combate del informalismo es imprescindible proceder a rebajar la tasa del impuesto al valor agregado, como para que resulte verdaderamente atractivo incorporarse a la legalidad a aquellos que trabajan, producen y comercian en negro.

 

Un nuevo impuesto a los ingresos

 

La falacia más evidente del proyecto, es la de pretender hacer parecer al propuesto IRPF como un impuesto a las rentas, cuando prácticamente no se admiten ningún tipo de deducciones, las que hubiesen podido contemplar, a nivel familiar, las distintas capacidades contributivas, como para que en verdad, pague más quien más disponibilidad tenga para hacerlo.

 

En esta materia, es de recibo el argumento que se maneja respecto a que los más sumergidos gozarán del beneficio de una rebaja en su presión fiscal por la vía de los impuestos directos (Impuesto a los sueldos versus impuesto a la renta personal); aunque no está del todo clara su ventaja por  su aporte por la vía de la imposición indirecta (IVA), ya que al ampliarse la base de  la tasa mínima, aumentarán los precios de acceso a  bienes y servicios a los que accede ese sector de la población.

 

Incentivo a la producción: ¿Dónde está?

 

De todas las observaciones que se le pueden formular al proyecto de reforma el mayor crédito se lo lleva sin dudas  la falta de consistencia que tiene el argumento de que la misma alienta a la inversión productiva.

 

Los sectores más beneficiados por la iniciativa son los servicios y en especial el comercio, por el efecto de las rebajas de la tasa de aportación patronal al BPS y de la alícuota del impuesto a las rentas empresariales.

 

Gana el sector servicios. Bien.

 

Pierde la industria con la reimplantación del aporte patronal. Mal.

 

Pierde el sector agropecuario por la misma causa y por la eliminación de la opción para elegir el tipo de tributación del sector. Mal.

 

A la luz de esta realidad. ¿En qué quedamos con el incentivo a la actividad productiva?

 

En ambos casos, las gremiales patronales (Cámara de Industrias, Asociación Rural y Federación Rural) denuncian un aumento de la presión tributaria, que es defendida por el gobierno en aras de la equidad intersectorial.

 

El mercado inmobiliario

 

El juego de las distintas cargas adicionales que el proyecto establece, léase I.V.A. a la primera venta, impuesto a los alquileres (vía impuesto a la renta), supone una compresión a la suba de los precios de venta de los inmuebles. Esto, en un mercado reducido como el nuestro, alienta a la retracción de la demanda de los mismos, lo que supone, menos negocios y, menor margen y menor rentabilidad.

 

Quizás también se castigue a un sector productivo como el de la construcción, siguiendo la misma línea de contradicción pura que encierra la propuesta.

 

Conclusiones

 

Estamos ante un proyecto de reforma tributaria que peca por mantener básicamente la misma estructura tributaria que dice querer modificar, manteniendo el mismo esquema actual en el que predominan los impuestos indirectos y a los ingresos.

 

La fórmula se queda en el enunciado de pretender incentivar las actividades productivas a las que en realidad les impone mas presión fiscal.

 

En algunos sectores como el inmobiliario, va a introducir distorsiones a los actuales equilibrios de los mercados, impulsando a la suba de los valores por una mayor carga tributaria.

 

Fe de erratas

 

Si bien el panorama se presenta como poco alentador, todo lo antedicho puede ser objeto de modificaciones en el marco de la negociación que dentro del gobierno se viene procesando sobre el contenido y alcance de la reforma.

 

Lo peligroso es que las novedades que puedan venir, hagan más oscuro esta propuesta gris, contradictoria y decepcionante del gobierno.

 

Alvaro Alonso

 

Nota: este artículo del Dip.Alonso fue previamente publicado en la revista de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay.