Sociedades
en el agro
A tan solo un mes de haber anunciado con bombos y platillos
la inversión por mas de cien millones de dólares por parte de la mayor empresa
papelera del mundo, el Gobierno retoma su añeja idea de impedir la tenencia de
tierras a nombre de sociedades anónimas con acciones al portador.
Se
esgrimen para esta inexplicable marcha atrás, argumentos tan falsos como
livianos que no hacen otra cosa que descubrir la preocupante y ambivalente
visión que se tiene en el ámbito gubernamental sobre el beneficio de las
inversiones extranjeras.
El
primer argumento sostiene que las acciones al portador impiden conocer los
verdaderos dueños de la tierra, por consiguiente con su prohibición sabremos
quienes son los legítimos propietarios del suelo oriental. Esto es falso,
cualquier estudiante de abogacía sabe cuales son los artilugios legales para
nombrar testaferros y no hacer figurar a individuos que no les interesa que sus
nombres aparezcan como propietarios de determinada explotación agropecuaria.
Tampoco
se entiende como van a explicarle a las multinacionales que están comprando
campos forestales, Botnia, Stora Enso y Ence, que ahora no puedan lograr el
financiamiento de sus inversiones en las bolsas de valores de sus países de
origen porque algún trasnochado en Uruguay pretende saber el nombre de los que
compran y venden sus acciones.
Otro
argumento entiende que el saber los nombres de los tenedores de tierras ayudará
a la aplicación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, desconociendo
cual es la realidad de la tributación agropecuaria; en la actualidad los
productores pagan por la renta generada, optando por las dos vias existentes
para hacer frente a sus obligaciones.
O
bien pagan por un ficto ( IMEBA) o pagan el 30% de la renta real generada en su
establecimiento a lo largo de un ejercicio.
Por
tanto suponer la barbaridad que un individuo puede ser pasible de una doble
imposición por el mismo concepto desnuda, o, lo poco leído que están algunos
gobernantes en literatura tributaria, o en el peor de los casos que el futuro
IRPF es un impuestazo de madre y señor mío.
El
tercer argumento señala que con esta prohibición se evitará la llegada de
especuladores al sector agropecuario.
Sería
muy bueno invitar a quienes piensan de esta forma, a que visiten los
establecimientos adquiridos por
sociedades anónimas o extranjeros. Podrán constatar in situ si estos campos
están chilqueados o mal trabajados o por el contrario se nota la inversión en
mejoramientos de pasturas, en intensificar los ciclos de producción, en
renovación de maquinarias o en la optimización genética.
El
más triste de los argumentos es el que entiende que como la tierra es un
elemento estratégico del “País Productivo” se deben tomar estas medidas para
seleccionar la inversión.
Esta
distinción coloca al resto de la actividad económica, comercial, industrial o
turística con un marco jurídico más beneficioso que el que en teoría se quiere
promover. El mensaje es ponga una importadora, compre un kiosco que puede utilizar todos los
instrumentos, pero si su preocupación
es hacer una inversión agropecuaria, sepa que a la izquierda le preocupa mucho
recibir a gente que quiera trasformar los potenciales de nuestro suelo y por
ello le complica la existencia.
En
dos años el precio de la tierra en el Uruguay ha aumentado casi en un 80%, este
beneficio se explica por las ventajas comparativas del suelo oriental junto a
la señera tradición nacional en recibir de brazos abiertos a todo aquel que
confíe en las bondades de nuestro país.
Este
mensaje entendido por las cientos de inversiones extranjeras radicadas en
nuestra agricultura , que posibilitó el
boom de la soja o con las inversiones
forestales, pareciera no ser lo suficientemente tangible para que desde el
gobierno pretendan ir contra la ley de gravedad y cambiar lo que
fehacientemente anda bien.