La sesión de la Junta Departamental de Montevideo del jueves 30 de Octubre sirvió de marco formal para que la mayoría frenteamplista votara un aumento de 7,08% sobre la tercera cuota de la Contribución Inmobiliaria correspondiente al año en curso.
Lo curioso de la ocasión es que se insistió desde el oficialismo que la aplicación del 90% del Índice de Precios al Consumo (IPC) suponía una bonificación de la Intendencia Municipal de Montevideo hacia los ciudadanos y por ende una rebaja en la pretensión de cobro municipal.
Corresponde analizar primero desde el punto de vista formal si al aplicar un 10% menos que el aumento del IPC supone una bonificación.
El presupuesto quinquenal faculta a la Intendencia Municipal de Montevideo a aumentar hasta el 100% de la variación del Índice de Precios al Consumo, previa anuencia de la Junta Departamental de Montevideo.
De acuerdo a lo que surge de la norma la IMM podía aplicar lo que aplicó o definitivamente no aumentar la tercera cuota de la Contribución Inmobiliaria, por lo que lo votado el jueves pasado lejos de ser una bonificación, se constituye en un nuevo aumento de los tributos municipales, sobre una población saturada de la carga impositiva que debe soportar.
La Intendencia Municipal de Montevideo está jugando al filo de lo tolerable en materia impositiva. Hasta el momento los habitantes de esta ciudad se están comportando de forma ejemplar, fundamentalmente teniendo en cuenta que el país está viviendo la peor crisis de su historia y la comuna continúa aumentando la carga tributaria.
Durante el año 2002, según surge del análisis del Tribunal de Cuentas de la República el municipio recaudó el 97,3% de lo previsto, echando por tierra el argumento del Intendente Arana y su director Asti en el sentido que la falta de obras e inversiones se debía a una caída de la recaudación.
Pero otra arista irritable de la votación del jueves 30 de Octubre en la Junta Departamental de Montevideo fue la noticia de que las facturas ya estaban emitidas aún antes de la sesión y que se encontraban prontas para su distribución. Incluso estaban disponibles por Internet en la página Web de la Intendencia Municipal de Montevideo, por lo cual algún montevideano podía emitir un duplicado de su factura y hacerla efectiva en los locales de cobranza descentralizada, con un incremento que no había sido votado por sus representantes en el legislativo comunal.
Este hecho además de representar una flagrante violación a las normas, supone un desconocimiento absoluto por parte del Cr. Alfredo Asti, director de Recursos Financieros de la IMM hacia la Junta Departamental de Montevideo. Incluso las explicaciones y descargos fueron peores que si se hubiera quedado mudo, alegando que lo hizo para “ganar tiempo”.
Resulta intolerable para los que estamos ejerciendo la representatividad de la totalidad de los habitantes de esta ciudad, el hecho que un funcionario puesto “a dedo” en el Ejecutivo Comunal pretenda “jopearle” a la Junta Departamental de Montevideo la atribución de fijar los tributos.
Como integrantes de la oposición nos sentimos burlados, pero los ediles del oficialismo deberán admitir que para ciertos directores municipales están pintados.
Martín Fernández