“Las sociedades que hoy son más justas que la nuestra no lo son así por obra del azar, sino porque se lo propusieron”.
Sucede con frecuencia que el ser humano prefiere hacer como el tero –que grita lejos del nido para distraer la atención del eventual depredador– argumentando sobre cuestiones que parecen esenciales y en realidad no lo son o utilizando argumentos falaces y equívocos.
Esto sucede con la oferta política.
En efecto, si se analiza la tumultuosa información que proviene de los medios de comunicación tiene uno la percepción de que la discusión política evita las cuestiones esenciales y se enreda en temas circunstanciales y parciales.
Y bien, si tratáramos de clasificar las cuestiones esenciales, podemos dividirlas en dos grandes temas.
El primero consiste en la definición de cuáles son los procedimientos y conductas que debemos seguir, para alcanzar el mayor nivel de prosperidad conjunta.
El PBI, las cuentas nacionales, el déficit fiscal, las exportaciones, la competitividad, el tipo de cambio, el comercio exterior, las estrategias de crecimiento, el endeudamiento, el sistema financiero, el tamaño del Estado, el ALCA, el Mercosur, la OMC, etc, son los temas que se discuten.
Por supuesto, que se tenga éxito en lograr un crecimiento sostenido del PBI no depende solamente de nosotros sino también de los restantes países y de las causas naturales que a veces favorecen y otras actúan en contra de ese objetivo.
El segundo gran tema –en cambio– tiene esta doble característica: depende sólo de nuestra voluntad –por lo que somos entonces responsables en sentido moral– y, además, se le oculta a la discusión pública.
La cuestión a que nos referimos es: ¿cuál debe ser la diferencia admisible de distribución del ingreso entre los integrantes de la sociedad? En otras palabras, ¿qué es la Justicia Social?
Que esto depende sólo de nosotros es evidente, pues países mucho más ricos que el nuestro (por ejemplo, los de Europa Occidental) pero también otros muchísimo más pobres (por ejemplo, la India o Pakistán) tienen una brecha entre los sectores de mayores ingresos y los de menores ingresos, que es menor a la mitad de la que existe en el Uruguay.
Pero, sin embargo, poco se discute públicamente a propósito de este gran tema, que para nosotros es el prioritario.
Es que, además, la doctrina económica dominante en la década pasada sostenía, sin rodeos, que para crecer colectivamente era imprescindible ser internamente injustos en las distribución, pues los ricos –afirmaban– eran el motor de la inversión y del crecimiento.
Con un poco más de prurito moral, se sostenía y sostiene aún hoy que el Estado debe ser reducido (mínimo si es posible) y las reglas de juego neutras: luego será la capacidad individual, el esfuerzo y la suerte los que –según los mecanismos del mercado– determinarán el éxito o el fracaso de cada uno.
Nada más alejado de la realidad y, además, de la regla moral.
Las normas jurídicas nunca son neutras. Cualquier modificación a las mismas inexorablemente modifica el resultado en el reparto y hoy, el reparto es absolutamente desigual. La ausencia de reglas, por otra parte, es la implícita consagración del derecho del más fuerte.
Las sociedades que hoy son más justas que la nuestra no lo son así por obra del azar, sino porque se lo propusieron.
Por todo eso es que reclamamos claridad en la exposición de los objetivos.
¿Se puede acaso concurrir a una puja electoral, pidiendo al ciudadano común la adhesión sin decirle cuál es el objetivo en la materia de distribución, sólo mareándolo con cuestiones económicas y enfoques economicistas?
Por ello es que hemos sostenido que la campaña electoral de la interna nacionalista es prematura.
Es prematura porque antes de discutir sobre los candidatos, se deben discutir y definir las ideas que son lo que en definitiva realmente importan.