¿BAJAR IMPUESTOS
O ATENDER URGENCIAS?
En estos días se está procesando el trámite parlamentario de la consideración del proyecto de ley de aprobación de la rendición de cuentas del año 2002.
Por suerte los interminables manoseos de los asuntos presupuestales
por medio de la votación de centenares de artículos de ajuste al presupuesto
nacional parecen haber sido definitivamente descartados.
Sin perjuicio del imperio de este nuevo escenario, surgen por estas
épocas del año, planteos desde distintas trincheras políticas, sindicales y
corporativas, reclamos a los que se intenta condicionar el apoyo al
perfeccionamiento del trámite legislativo de la rendición de cuentas del
estado.
Así, desde sectores del Partido Nacional, se exige la eliminación del
adicional al impuesto a los sueldos para descomprimir la carga tributaria
particularmente pesada que los uruguayos soportamos.
Este planteo merece algunas consideraciones de nuestra parte.
En primer lugar entendemos que en vez de reducir la carga tributaria
sobre los ingresos, a los que acceden exclusivamente quienes los tienen, se
debe apuntar a rebajar el peso de los impuestos sobre el consumo, que pagan
todos, tengan estos ingresos o no los tengan.
Con cifras de desempleo del orden que se registran hoy en nuestro
país, si el esfuerzo se concentra en aliviar exclusivamente el peso que recae
sobre los que mantienen determinado nivel de ingresos, se puede cometer la
injusticia de mejorar el poder adquisitivo de aquellos que comparativamente
están menos mal. Claro que para todo esto no se tiene demasiado margen de
maniobra, y por lo tanto nos inclinamos, más que a atender la urgencia por la
vía tributaria, a hacerlo por la afectación directa de recursos hacia aquellos
que presentan un mayor grado de necesidad.
Las cifras que el gobierno maneja son verdaderamente importantes. Hablamos
de decenas de millones de dólares al año, que pueden trepar hasta los cien en
caso de que se accediese al pedido que se está formulando.
Cien millones de dólares volcados a políticas sociales. Parece ser mucho dinero. Y lo es.
Pero aún en la hipótesis de mínima, diez o quince millones, pueden bien
resolver problemas gravísimos de indigencia y hambre a los que, por lo menos en
primera instancia no están expuestos quienes por lo menos mantienen un sueldo o
una jubilación.
Nuestro país debe caminar hacia una realidad en materia de carga
tributaria que se adapte a las capacidades contributivas de sus ciudadanos,
reconociendo como inaceptable el nivel de presión sobre el consumo, que por
otra parte perjudica el desarrollo de una economía formal, leal y justa que a
todos nos beneficiaría.