Aunque
parezca de Ripley, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe la instalación de
cajeros automáticos en los locales del BPS.
A todas luces ridículo, este acto de
desubicación política, lamentablemente ha tenido como protagonistas a
legisladores de todos los partidos, aunque una vez mas, el patrocinio
protagónico fue del Frente Amplio.
Desde
todas las opiniones técnicas, las independientes y las notoriamente
identificadas con alguno de los lemas partidarios, el acto parlamentario fue
objetado, especialmente por su inconstitucionalidad
La
función administrativa compete a los órganos de administración, por lo menos en
un país en el que el respeto por las normas es una cuestión cultural.
Lo
que en este caso se dio fue la explosiva conjunción de los intereses del
sindicato del BPS, con el temor al cambio de los ciudadanos de mayor edad, con
un manejo del fácil discurso complaciente de algunos actores políticos.
Oponerse
a la instalación de cajeros automáticos en el año 2003,es tan absurdo como
vergonzante. El “no nos moverán “ ya
bastante caro nos ha costado a todos los Uruguayos como para explicar la falta
de inminencia de los cambios estructurales que por una cuestión de
supervivencia, tendremos que afrontar, ahora sí en forma cada vez más
impostergable.
Sin
darse cuenta, quienes apoyaron y promovieron esta emblemática ley, van a
colaborar para, por la vía del ridículo, el poder sintetizar gráficamente,
hasta donde se es capaz de llegar para, no perder poder, compensaciones, o
votos.
Felizmente, el Poder Ejecutivo vetó la ley, y parecería que el veto no será levantado, para que, con un saldo de horas-hombre, ríos de tinta y energías desperdiciadas en una causa sin sentido, el progreso mínimo que supone la utilización de tecnología que puede ser hasta obsoleta para el resto del mundo, pueda ingresar a los locales de pago del BPS..