El
gobierno hizo conocer los lineamientos básicos de su propuesta de reforma
tributaria.
La
misma supone la simplificación del modelo vigente, con la eliminación de varios
impuestos y un cambio de orientación de la estructura tributaria.
Así
se anuncia la rebaja del IVA, con una ampliación de la base de aportación, y la
creación del llamado Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas.
Pero,
lamentablemente, arrancamos mal.
Coincidimos
en el objetivo de que haya menos impuestos, más fáciles de controlar y que por
consiguiente comprometan un mejor nivel de eficacia respecto de la situación
actual.
En
lo que no coincidimos, es en la creación de un impuesto a los INGRESOS tal como
se plantea para las personas físicas. El Ministro de Economía no debería caer
en la irreverencia técnica de llamar como “impuesto a la renta “a uno que solo
grava los ingresos. La diferencia es abismal, rompe los ojos.
El
hecho de no poder descontar los gastos inherentes a la generación de los ingresos,
descalifica la definición que el gobierno le da a su buque insignia en materia
de tributos.
Estamos
frente a una propuesta de aumentar la carga sobre los salarios y las
jubilaciones y de ampliar la base de recaudación a aquellos que hoy no están en
la misma. Solo eso.
Esto
supone un esquema de mayor presión impositiva sobre, especialmente, la
clase
media que vive de sus ingresos fijos.
Como
agregado, aparecen alarmantes propuestas de gravar los alquileres y los
ingresos por intereses de colocaciones financieras.
Esta
es una propuesta decepcionante.
Decepciona
porque no ataca la base del problema y no avanza sobre la
construcción
de un sistema que permita atacar la injusticia del modelo actual.
Hoy,
en proporción paga más el que menor capacidad contributiva tiene, y paga menos
el que la tiene en mayor medida.
Si
se hubiese optado por un impuesto a las RENTAS y no por un impuesto a los
INGRESOS, se estaría avanzando en materia de justicia tributaria. No es ese el
caso.
Decepciona
esta propuesta, además, porque no ayuda a mejorar sobre lo que debería ser una
prioridad nacional: el combate del informalismo.
En
esta materia se va en sentido inverso al recomendable. Si se hubiese optado, en
cambio por un impuesto a las rentas, con deducción de gastos, el ciudadano
común y cada uno de los agentes económicos se sentirían atraídos a salir del espiral nefasto de la práctica
de la informalidad económica, y por consiguiente a ir emparejando las
posibilidades de desarrollo de personas y las empresas, no en función de su
habilidad evasora, sino en cuanto sean capaces se de ser mejores
administradores de sus recursos.
Como
si todo esto fuese poco, además, se anuncia que el financiamiento del Seguro
Nacional de Salud, del que se sabe poco, y lo poco que se sabe es también
alarmante, no se va a dar a partir de lo que se recaude por esta vía como
originalmente se había dicho.
Va
a haber más impuestos para este boletín.
En
conclusión, compartimos la necesidad de reformar y simplificar el sistema,
pero, lamentamos profundamente que se haya elegido, una vez más, el camino más
sencillo que es el del aumento de la carga de impuestos que la sociedad paga.
Como
propuesta, es decepcionante.