Desde
nuestro punto de vista lo más rescatable del contundente resultado del 7 de
Diciembre fue observar detenidamente las reacciones de los principales
protagonistas. En cualquier caso pareciera que lo manifestado en las urnas
reafirma mi convicción de que a nuestra sociedad lo único que la sacude son las
secuelas de algún hecho consumado de dolorosas proporciones y que estas
características se trasladan en un todo al sistema político que la representa.
No
se debe dudar que el pronunciamiento mayoritario de la ciudadanía rechazó la
Ley referida a la Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Pórtland
que aprobara el Poder Legislativo. Pero, como lo relevara una encuesta de opinión pública en los últimos días
previos a la instancia plebiscitaria, un importante número de uruguayos
decididos a votar la derogación de la norma, lo hacían a pesar del
convencimiento de que se trataba de una buena obra del legislador.
Indudablemente
nos encontramos ante un pronunciamiento ciudadano que marca fuertemente el
descreimiento en una buena parte de las actuales dirigencias. Mucho antes del 7
de diciembre, cuando los dos ex presidentes de la República -que representan a
los sectores mayoritarios de los dos partidos históricos- lanzaron sus campañas
en defensa de la Ley, automáticamente se registró un importante descenso en los
porcentajes de ciudadanos que hasta ese momento estaban decididos a
pronunciarse a favor de la nueva normativa.
Mucho
más allá de la peligrosa situación a la que se verá enfrentada la empresa
pública ante la derogación de la Ley que buscara reformarla, el problema más
importante que enfrentamos es el descreimiento ciudadano en una parte
importante de las actuales dirigencias y en sus formas de practicar la
política.
No
podemos desconocer que el sin fin de penurias que padecen cientos de miles de
compatriotas, desde hace casi un lustro, se reflejó en los resultados de este
referéndum. Las debilidades alarmantes de nuestra organización social, con sus
flagrantes desigualdades e injusticias, exigen una profunda renovación de las
dirigencias y de la acción política. Es cierto que las causas externas han
contribuido a ahondar todos nuestros males, pero la frivolidad de una miope
visión economicista que ha sido hegemónica en las actuales dirigencias, exige
imperiosamente que sea relevada.
Si
al 62% de los ciudadanos que por diferente motivos se pronunciaron por derogar
la Ley, le sumamos el prácticamente 17% que totalizan quienes votaron en
blanco, anulado y quienes optaron por pagar la multa, nos podemos aproximar a
comprender la magnitud del profundo malestar que campea en la sociedad.
Dada
vuelta la triste página del proceso que llevó a la anulación de la Ley de
Asociación de ANCAP, donde tanto los consensos, la palabra empeñada y el valor
de la verdad se devaluaron tan profundamente, es hora que se encare una sincera
renovación en las practicas políticas, en donde las consignas queden relegadas
frente a una verdadera actitud de búsqueda de entendimientos que antepongan a
cualquier tipo de corporativismo.
A
casi dos décadas de la recuperación de la institucionalidad democrática, con la
gravedad de las circunstancias por las que estamos atravesando, con tantos
peligros como los que nos acechan, es imperioso el surgimiento de una nueva
generación de dirigentes que se aboque a llevar adelante las transformaciones profundas
que el país real reclama.
Para
que ello sea posible, necesitamos un programa de reformas, lejos de todo
recetario de ideas prestadas y de esas visiones economicistas sin alma que
tanto males nos han acarreado, para forjar un consenso social y político que
nos permita construir una sociedad decente que
podamos reconocer como esencialmente justa.
Si
ello fuera posible, nada de todo lo vivido habrá sido en vano.
Sebastián Da Silva