Empresas competitivas vs monopolios

Hoy el país y en específico el Sector empresarial de la Vitivinicultura se encuentran enfrentados a la Multinacional o al Monopolio de la Cerveza, por ello resulta pertinente hacer un poco de memoria porque al vino no le corresponde el IMESI y si a la cerveza y en ello no hay injusticia tributaria

El sector vitivinícola ha venido realizando en los últimos 16 años una serie de acciones tendientes a generar una mejor competitividad, orientando la producción de uva y elaboración de vinos hacia la calidad.

Ello ha permitido arraigar un marco normativo rector del concepto de la buena calidad del vino uruguayo, principal factor, entre otros, para lograr que en estos tiempos particularmente difíciles el consumo de los mismos se mantenga en niveles aceptables.

Sin embargo, debe tenerse cuidado que dicha situación no lleve a pensar que la economía de todo el sector se encuentra en buenas condiciones, sobre todo teniendo en cuenta el endeudamiento empresarial vitivinícola, la que se ha contraído para llevar adelante su reconversión.

 En el sector vitivinícola, de acuerdo a los últimos estudios realizados, trabajan alrededor de 50.000 personas, directa e indirectamente.  Como ejemplo vale referir algunas cifras:

·     3.000 viticultores que ocupan 4.000 asalariados rurales y más de 10.000 trabajadores zafrales.

·     450 bodegas de las cuales 270 son elaboradoras que ocupan 2.000 trabajadores permanentes y otro tanto zafrales.

 A estos números deben agregarse los viveristas y sus empleados, los distribuidores de vinos, los proveedores de insumos para viñedos y bodegas, transportistas, etc.

      

Se destaca la distribución geográfica de la vitivinicultura, ya que el 70% se encuentra en el Departamento de Canelones, siguiéndole en importancia Montevideo rural, San José, Colonia.

      

La Reconversión Vitivinícola iniciada en el año 1978 y acentuada con el MERCOSUR, se viene llevando a cabo de manera tal, de mantener el complejo social del sector y para ello se han dispuesto diversas herramientas, donde debe destacarse la inversión del propio sector, el aporte del Estado y préstamos internacionales como por ejemplo del BID.

      

Basta analizar algunas cifras para darse cuenta de la magnitud de la inversión, 7.000 hectáreas de viñedos ya reconvertidas a un costo promedio de U$S 12.000 (Doce mil dólares americanos la hectárea), hace un total de U$S 84.000.000 (ochenta y cuatro millones de dólares americanos).  De este monto el Estado contribuyó con U$S 7.000.000 (siete millones de dólares americanos) -no reintegrables-, siendo el resto inversión del sector.

      

A nivel de las bodegas en el Programa de Reconversión de la Industria Bodeguera (PRIB), el Estado contribuyó con U$S 2.000.000 (dos millones de dólares americanos), más U$S 1.000.000 (un millón de dólares americanos) de INAVI, aportando las bodegas una suma de U$S 12.000.000 (doce millones de dólares americanos).  A esto debe agregar las inversiones realizadas fuera del PRIB que suman alrededor de U$S 30.000.000 (treinta millones de dólares americanos).

      

Si tomamos que las actividades que realiza el Instituto Nacional de Vitivinicultura, de acuerdo a su ley de creación, se financiaron con la Tasa de Control y Promoción Vitivinícola que pagan los vinos nacionales e importados, que por tanto, pagan los consumidores y que el presupuesto anual promedio del Instituto es de U$S 3.000.000 (tres millones de dólares americanos), en los dieciséis años de funcionamiento esto ha significado un total de U$S 48.000.000 (cuarenta y dos millones de dólares).

      

Sin duda que la cifra total de lo invertido (U$S 178.000.000) ha sustentado una serie de logros conquistados por la vitivinicultura uruguaya en estos últimos años; la mejora en la calidad de las uvas y vinos, con la consiguiente imagen a nivel nacional que permitió un consumo anual de 33 litros/habitante (2° en América del Sur y 8° a nivel mundial), hasta el año 2002, que bajo a 29 litros en el año 2003 pero que se ha ido  recuperando durante el 2004.

      

También se ha proyectado al sector a nivel internacional donde a través de los premios obtenidos, la presencia en las ferias profesionales, degustaciones, artículos de prensa, participación en la Organización Internacional del Vino (O.I.V.), etc., han permitido un reconocimiento en el extranjero y como consecuencia el inicio de un proceso exportador que si bien aún no es suficiente, marca el potencial del sector y el camino a seguir; ello no sólo es importante para el sector, sino que también para el Uruguay, ya que una botella de vino marca una alta identidad del País elaborador.

      

A nivel MERCOSUR fue aprobado el Reglamento Vitivinícola del MERCOSUR, plenamente vigente en la actualidad, donde se lograron acuerdos muy importantes, tratando de proteger la identidad de los productos vitivinícolas de cada país, no autorizando la circulación a granel y otorgando plazos prudentes a Brasil y Uruguay donde sólo se autoriza la importación en envases de hasta un litro de capacidad.

      

En cuanto al ámbito tributario del sector es debido destacar que I.Na.Vi. es  agente de percepción del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), se aporta al Banco de Previsión Social (B.P.S.) por el personal zafral de vendimia (lo que aumentó sustancialmente la tributación del sector), asimismo se paga la tasa de control y promoción vitivinícola, la cual representa tributo similar al Impuesto Especifico Interno (IMESI).

      

Ahora bien, si tomamos en cuenta los tributos recaudados por la Dirección de Impositiva que afectan a los producción vitivinícola, nos encontramos con el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMABA), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA), el Impuesto al Patrimonio(IP), Impuesto de Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social (Cofis), Impuesto Específico Interno (IMESI), Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio (IRIC) y el Impuesto de Control de las Sociedades Anónimas (ICOSA), acompañado del régimen aplicable en materia de contribuciones.

      

Y si finalmente tomamos en cuenta los paratributos que sirven a la persona publica no estatal que es el I.NMa.Vi., es decir  la Tasa de promoción y control vitivinícola: previsto en el art. 149 de la ley 15.903 de 10/11/87 en la redacción dada por la ley 17.458 de 8/3/2002. y  la Sobretasa: previsto en la ley 16311 de 15/10/92 y modificada (rebaja del 20%) en el decreto de fecha 10/01/97; encontramos más que razones de pesos definiciones de políticas económicas de fomento de la producción nacional con empresas competitivas y no monopólicas que no representan más que dictaduras comerciales.

 

Nicolás Orrico