LA TORRE DE LA VERGUENZA

 

Son 102 los millones de razones que nos provocan una inusual indignación. Cada dólar mal gastado que ayudó a la elevación de la Torre de Antel nos debe llevar hoy mas que nunca, con la realidad del 2003 a la vista, a realizar una profunda reflexión sobre las motivaciones que tiene nuestro Estado en el momento de hacer inversiones públicas.

 

Desde el mismo día de su gestación allá en el lejano 1995, con un país que no vivía ni por asomo las consecuencias de su sinceramiento económico, nuestro sector Desafío Nacional advertía públicamente el despropósito que constituía que la Empresa de Telecomunicaciones dedicara la mayor parte de sus inversiones a la comodidad de sus funcionarios.

 

Nada justificaba su construcción, salvo las apetencias de perpetuidad que algún sueño político podía propiciar y la increíble sensación de impunidad en el gasto de sus ocasionales administradores.

 

Dicen sus funcionarios públicos cuando salen a recoger firmas que hay que defender a Antel por el supuesto de que como es de los uruguayos hay que protegerlo, olvidándose sistemáticamente de la poca consulta que permanentemente se le hace a sus “propietarios” cuando se fijan las tarifas, las remuneraciones o como en este  caso sus supuestas inversiones.

 

Como en tantas ocasiones lamentamos haber tenido razón, no solo cuando denunciábamos su impresionante costo, sino cuando advertíamos la posibilidad hoy confirmada de que el mismo se duplique.

 

Con los costos a la vista, y con la pesadumbre de ver la insignia del mal gasto público a punto de inaugurarse es que hasta por masoquismo nos volvemos a imaginar los enésimos destinos de mayor solidaridad, productividad o eficiencia por los que cambiaríamos a este edificio de cristal.

 

Por tanto y ante la cuenta regresiva que marca  el comienzo de la mudanza que confirme la constitución de la oficina pública de mayor confort y lujo de América Latina nos proponemos sugerir un destino más acorde con el momento que vivimos  y transformar el icono del despilfarro a un ejemplo de modernización nacional.

 

Se debe declarar a este edificio una zona franca tecnológica de forma que el auspicioso desarrollo de  nuestra informática se consolide y se promueva.

 

Si las más variadas empresas de servicios informáticos, las exportadoras de software, las de soporte técnico o las simplemente proveedoras de insumos se complementan  en una misma ubicación en el corazón de la ciudad, estaremos ofreciendo a este necesario sector de la economía un marco mas adecuado a su verdadera condición de motor de desarrollo.

 

Este cluster vertical sería un sincero orgullo y nuestros compatriotas entenderán lo tangible de nuestro desarrollo tecnológico cuando al pasar por sus puertas observen el trabajo genuino de miles de jóvenes las veinticuatro horas en vez de irritarse con las miles de horas extras y los costosos gastos de mantenimiento de esta torre que sin parar incrementarán  mes a mes nuestra cuenta telefónica.

 

A no incurrir en debates estériles acerca del traspaso de la propiedad, seamos imaginativos, generemos un marco  o bien  de financiamiento, o de arrendamiento, o de leasing que procure la atracción de aquellos inversores que al influjo, no solo de nuestra excelente capacitación en informática, algo felizmente constatable, vean en nuestro Uruguay de hoy un país que decididamente apuesta a la tecnología entregando su mas fastuoso símbolo a la promoción del mundo real y no al burocrático.

 

Todavía estamos a tiempo.

 

Sebastián Da Silva