La definición sobre el aforo de los vehículos que regirá a partir del año 2004 y que servirá de base de cálculo para la patente de rodados, no podemos enmarcarla únicamente como una cuestión presupuestal de los gobiernos municipales, sino que debe enfocarse, tal como todo análisis tributario, dentro del concepto de justicia.
La comisión de aforos del Congreso Nacional de Intendentes elevó un informe al Plenario del mismo en donde consigna que de acuerdo al precio de mercado de los vehículos el valor de la patente de rodados deberá ser entre 20% y 30% menor al actual.
Inclusive se sostiene por parte de algunos actores políticos que de no ajustarse el aforo al valor real del vehículo las comunas podrían enfrentar juicios por pretender cobrar un monto en forma indebida.
De acuerdo a la forma de cálculo de la patente de rodados resulta de estricta justicia readecuar el valor de aforo, fundamentalmente de los autos usados, al valor real de mercado aún cuando suponga un perjuicio financiero para las comunas, quienes deberán ajustar sus presupuestos a la vida real del país.
No resulta admisible la tesitura de la Intendencia Municipal de Montevideo, sostenida por el Arq. Arana, que el precio en pesos se mantiene y que lo único que cambió tras la devaluación fue el valor de mercado en dólares americanos.
Habría que recordarle que la variación en pesos y de acuerdo a la devaluación monetaria estuvo contemplada por los sucesivos aumentos que se realizaron de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumo.
Desde ya se anuncia que existiría una leve mayoría para acompañar la posición de readecuar los aforos vehiculares, aunque con la oposición de Montevideo entre otros departamentos.
Precisamente esto es lo que pretendemos modificar.
El Arq. Arana es el Intendente de todos los montevideanos y debería percibir que la población de la capital está pidiendo a gritos que la estructura tributaria contenga el más mínimo sentido de Justicia.