El cambio justo
La
renovación del Partido Nacional, consagrada por la voluntad popular en las
últimas elecciones internas de los partidos, fue ungida como la segunda fuerza
política del país en las elecciones nacionales del último 31 de octubre. Ahora
se enfrenta al desafío crucial, desde el importante posicionamiento que le
adjudicara la ciudadanía, de impulsar las transformaciones que la sociedad
uruguaya reclama desde hace varias décadas y que constituyen las más
importantes lecciones que mostrara la crisis económica y social de los últimos
años.
Pero
es relevante destacar que el proceso de la renovación nacionalista, comenzó con
anterioridad a la profunda coyuntura crítica vivida en el transcurso del año
2002, como fruto de la decisión unánime de debatir sobre las ideas que
permitieran encontrar las soluciones a los problemas cruciales que traban la
evolución de la sociedad uruguaya contemporánea.
Fue
en ese proceso de debate interno que se alcanzó un amplio consenso sobre las
exacerbadas características economicistas del debate
político de los últimos tiempos, concluyendo que la lucha por construir una
sociedad justa y solidaria debía ser el objetivo superior de los nacionalistas,
como fuera enunciado en el Programa común presentado en el comienzo de la
campaña electoral.
Estas
nuevas definiciones ideológicas del nacionalismo encuentran fundamento
filosófico tanto en la obras forjadas por los más destacados pensadores
uruguayos e hispanoamericanos del siglo XX, así como en las ideas más avanzadas
que, desde muy diversas experiencias y disciplinas, se vienen abriendo paso
actualmente en el mundo.
En
líneas generales, el paradigma de sociedad humana que se comienza a diseñar en
nuestra contemporaneidad, surge como la más elevada expresión de la sociedades
liberales y democráticas modernas, cimentadas en diferentes pueblos de
Occidente desde comienzos del siglo XX, cuando recién al término de esa misma
centuria comenzaran a quedar atrás las utopías reaccionarias corporativistas
que desde los extremismos ideologistas -tanto de
derecha como de izquierda-, jaquearan sus evoluciones.
Se
trata de forjar un nuevo contrato
político y social, como el camino más fecundo para construir una sociedad
reconocida por todos sus integrantes como decente, ordenada y previsible. Se
trata, también, de transitar nuevos senderos que nos lleven a dejar atrás
dichas ideologías cerradas y retardatarias que sobre estos temas sólo han
propuesto confrontación y falsa oposición.
En
un proceso que data de cuatro décadas, en el que ha venido creciendo
sostenidamente la percepción de estar viviendo en una sociedad injusta y por lo
tanto, indecente, desordenada e imprevisible, el problema central ha radicado en el acelerado aumento de las
desigualdades entre el quintil superior y el quintil inferior de sus
integrantes. Y ha sido recientemente que se ha incrementado vertiginosamente el
índice de desigualdad: en 1998 el quintil superior recibía 8,4 veces más del
total de PBI de lo que percibía el quintil inferior y según los datos
disponibles por el PNUD -que corresponden al año 2000-, hace cuatro años nos
encontrábamos en el 10,4. Por lo tanto, en la actualidad, no es para nada
aventurado proyectar un índice de desigualdad superior a 12.
Buscar
disminuir a la tercera parte dichas desigualdades, es el objetivo fundamental
de la hora actual, como condición indispensable para lograr desencadenar el
crecimiento de la sociedad y de todos los individuos que
Son
estos problemas estructurales los que han hecho oscilar, en Uruguay, tan
bruscamente los índices de pobreza durante los últimos veinte años. De más de
un 46% de compatriotas pobres al final del período dictatorial, se llegó a
disminuirlos hasta un 15% en 1999, como consecuencia del crecimiento económico
producido entre los años 1990 y 1998. Pero ahora, a partir de los últimos años
críticos, nos encontramos con algo más del 30% de la población empobrecida.
Ello nos habla a las claras de que el crecimiento económico para que no sea
efímero y tan fuertemente condicionado por los factores exógenos, debe ser un
crecimiento sustentable, enraizado en
Entre
las características fundamentales de ese paradigma surgido del proceso de
renovación de las ideas en el Partido Nacional se destaca la búsqueda por
lograr atemperados grados de desigualdad en la distribución del PBI entre el
quintil superior y el quintil inferior de su población, propiciando la
extensión y ascensión de las capas medias. El Estado impulsa, a través de sus
servicios, un igual punto de partida para todos los individuos, haciendo de la
eficiencia y transparencia en su gestión, las características básicas y
elementales de su práctica cotidiana; a su vez, es garante de la libertad de
mercado y de los derechos de los asalariados, así como el principal instrumento
dinamizador de la vida económica, social, política y cultural, en una relación
de estrecha complementariedad e interacción con el tercer sector, compuesto
por las organizaciones de la sociedad civil. El desarrollo estratégico se
sustenta en el crecimiento cultural de los individuos que la componen,
promoviendo las asociaciones entre ellos para la planificación prospectiva del
crecimiento, tanto a nivel local como regional, nacional e interregional.
Es
un paradigma de sociedad adaptable a cada civilización y cultura, habida cuenta
de que las experiencias actuales más ilustrativas de construcción de sociedades
justas las podemos encontrar entre los pueblos escandinavos y en otros, tan
diferentes, como los son ciertos pueblos del sudeste asiático. Es, por lo
tanto, un paradigma pasible de alcanzar altos grados de consenso entre
diferentes concepciones filosóficas razonables -como en Uruguay, por ejemplo, son las
liberales, las socialdemócratas y las socialcristianas- y diversas creencias
religiosas que puedan existir en una sociedad dada, en el mismo sentido del “consenso
traslapado” exhaustivamente desarrollado por John
Rawls -“Liberalismo político”, Fondo de
Cultura Económica, México, 1995- durante los últimos años de su vida.
En
el caso de la experiencia histórica de la sociedad uruguaya, durante el último
siglo transcurrido, nos muestra la necesidad de sumar a los mecanismos que
garantizan el funcionamiento de la institucionalidad democrática, una
concepción política común sobre la justicia en el funcionamiento cotidiano de
la sociedad y como punto de partida indispensable para elevar y potenciar su
accionar.
En
la sociedad justa, no se trata de uniformizar a los individuos, ni que sus
vidas transcurran a la manera que lo hacen las meras piezas de una máquina,
como lo propusieran y lo hicieran a lo largo y ancho del siglo XX las utopías
reaccionarias corporativistas. El objetivo es, precisamente, el inverso: el de
que cada individuo tenga las garantías básicas indispensables para desarrollar
su propia personalidad, sin otro límite que no sea el de su esfuerzo, de su
vocación o del rol que se proponga desempeñar en la sociedad.
Por
lo tanto, es sobre las bases de un nuevo contrato político y social dirigido
a la construcción de una sociedad justa, que se dinamizarán la transformaciones
culturales, abarcadoras de todos los ámbitos del quehacer nacional, que la
historia de las ideas y de la política en Uruguay nos reclaman desde hace
cuatro décadas.
El
proceso de renovación de las ideas que se ha producido en los últimos años en
el Partido Nacional, señala el rumbo de las transformaciones que la sociedad
uruguaya debe implementar en este primer tramo del siglo XXI. El
cambio justo que presupone constituye la vía más confiable y posible
para edificar en Uruguay una sociedad justa y solidaria, partiendo de la
preservación y profundización de todas las libertades, tanto las públicas como
las individuales.
Es
de esperar que las nuevas autoridades que asumirán las máximas responsabilidades
en el período institucional que se avecina, sepan comprender la esencial
justeza de las nuevas ideas del Partido Nacional.