Un mensaje equivocado
La paz pública
es uno de los pilares esenciales para el desarrollo de una sociedad, vivir en
un país seguro es sinónimo de atractivo para la inversión en todas las áreas,
la realidad mundial ha hecho que esto tenga una importancia superlativa.
El estado que
sea capaz de brindar seguridad a quien lo visite, tendrá una ventaja
comparativa en la competencia para conquistar por ejemplo nuevos turistas.
Si bien esto es fundamental en cuanto a la captación de divisas, un gobierno debe prestar especial atención al tema en su política interna.
Este
razonamiento creemos está por encima de posturas filosóficas e
ideológicas.
Lamentablemente
esta concepción no parece ser compartida por el Poder Ejecutivo.
Desde el
comienzo de esta administración se tiene la sensación de que derechos humanos
solo tienen quienes se encuentran recluidos pagando su deuda con la sociedad,
no pasando lo mismo con los que gozamos de la tan preciada libertad.
Obviamente no
compartimos este enfoque, en lo absoluto, por el contrario bregamos porque se
priorice la seguridad del ciudadano honesto que lamentablemente debe vivir
entre rejas por miedo, o que no sabe si vuelve a su casa cuando sale a
trabajar en la mañana.
Este tema harto
complejo ha sido utilizado por el actual gobierno en pos de su muy particular
defensa de los derechos humanos, buscando sacar un rédito político.
Seria
conveniente que el Ministro del Interior y sus asesores evaluaran si es
bueno el mensaje que se brinda a la sociedad, cuando se está obligando a las
empresas que licitan con el estado a tener dentro de su personal un cupo
especial para aquellos que fueron liberados por la nueva ley de
humanización y modernización de las cárceles.
¿Qué cosa pasa
por la cabeza del desocupado que busca afanosamente un empleo, cuyo único
delito es tener más de 40 años?.
Por como lo
enfoca el gobierno parecería que la única oportunidad para esta gente es
delinquir luego de toda una vida de trabajo, para luego de un tiempo en la
cárcel poder acogerse a esta ley y así entrar en el mercado laboral
nuevamente.
Al menos es la
sensación que tenemos, la cual no nos agrada en lo más mínimo.
Creemos que el
gobierno debe implementar políticas de seguridad pública en serio.
Es cada vez
mayor la impresión de que se protege más a un delincuente que al que se levanta
cada día a trabajar buscando con esfuerzo el bienestar suyo y de su familia.
Esperamos que
esto se revierta, aun están a tiempo de hacerlo.
Carlos D Aguirre