La semana pasada el gobierno votó su proyecto de ley
que modifica el régimen de ascensos al grado de General en el Ejercito
Nacional.
El criterio aplicado hasta ahora, fue el de seleccionar de entre los que
tienen el grado inmediato anterior, a aquellos Coroneles que se encuentren en
el llamado tercio superior de los que estén en condiciones de ascenso. En ese
grupo reducido se encuentran aquellos que tienen mejor calificación y que
reúnen las condiciones de promoción con más merito.
De ahora en más el Poder Ejecutivo podrá ascender al
grado máximo a todos los que se encuentren dentro del centenar de Coroneles que
revistan en la fuerza.
Se le da al Presidente de la República una
discrecionalidad absoluta al momento de elegir, con lo que se vulneran
expectativas generadas muchas veces en varios años de servicio, siendo
postergadas las mismas en virtud de las preferencias políticas del gobernante de turno, las que pasan a ser predominantes.
Algo similar se da en el Servicio Exterior. Los
cargos de embajadores de designación política fueron ya duplicados por decisión
del Ejecutivo. Ahora, en la ley de Presupuesto se establece la potestad de
designar como jefe de misión una cantidad importante de funcionarios de carrera
que no necesariamente tengan el rango de Embajador. La combinación de estas dos
medidas habilita a que el gobierno cubra el 80% de las embajadas con gente de
su “confianza”.
A todas luces estamos ante una explosión de avance de
la discrecionalidad del gobierno al momento de hacer designaciones que supera
todo margen de tolerancia.
Tanto en las Fuerzas Armadas como en la Cancillería,
existen procedimientos de ascensos, carreras funcionales, especializaciones y
derechos que de un plumazo pasan a ser historia. Los sistemas de ascenso,
promocion y jerarquía dan paso a la más condenable de las formas de selección.
Ahora, en el Uruguay, para ser Embajador o General se va a tener que estar a la
espera de la designación a dedo.
Alvaro Alonso