Nuestra justicia
Desde hace un tiempo vemos con preocupación distintos
aspectos que tienen como centro a la Justicia en el Uruguay.
La mayoría de éstos no refieren a responsabilidad de
la misma, pero sin lugar a dudas generan en la opinión pública interrogantes y
razonamientos, que atentan contra el convencimiento que hasta ahora tenía la
ciudadanía de la independencia del Poder Judicial.
Durante la administración Batlle vimos a distintos
magistrados desarrollar un despliegue mediático que nos recuerda lo que sucede
en la vecina orilla, con jueces que entendían en causas de repercusión en la
opinión pública, por suerte esto hoy no acontece más.
Luego vimos el procesamiento con prisión del Dr.
Lisidini, por lo que en la opinión pública se percibió como un desvío
administrativo o formal y que a los uruguayos nos pareció un “tate quieto” al
Director de Aduanas y un ejemplo para los que lo sucedieran por parte de ese
poder invisible que todos sabemos opera entre bambalinas y fuera de la ley, que
una muy recordada publicidad describía como “la mano negra”. Poco tiempo
después, el magistrado en la causa de Lisidini se vio envuelto en
circunstancias muy preocupantes, para lo que tiene que ser la conducta pública
de un juez. No ponemos en tela de
juicio la decisión, solo vemos las conclusiones que de ella saca la ciudadanía.
El asunto “Z” reviste algunas de las características
del proceso anterior, un jerarca público que lesiona intereses económicos muy
importantes se ve condenado por un delito de comunicación a meses de prisión y
quienes robaron a la sociedad decenas de millones de dólares, se los condena a
tareas comunitarias. Parece desde todo punto de vista un despropósito y el
mensaje indirecto es: más vale ser ladrón que hablar mal de alguien. Todo esto
con el agravante de que el abogado defensor de quines defraudaron al Estado
Uruguayo es el hoy Secretario de la Presidencia del Dr. Vázquez, el Dr. Gonzalo
Fernández. Diría el inefable Wimpy: “Ud. no desconfiaría”, creo que la
población dice como en el juego de cartas: “descónfio”.
Acá tampoco ponemos en tela de juicio la decisión judicial, solo analizamos los
hechos que la enmarcan.
Como triste corolario, integrantes del Poder
Ejecutivo y connotadas figuras del Frente Amplio salen públicamente a respaldar
al Director Nacional de Rentas en una indudable actitud irreverente frente a la
Justicia de este País.
En el ínterin de estos dos casos (Lisidini y “Z”)
llegan pedidos de extradición, que se resuelven en contra de los extraditables,
ajustadamente con los tiempos políticos
de la actual Administración Frenteamplista.
Acá tampoco ponemos en tela de juicio las decisiones
judiciales, solo marcamos las coincidencias: “alcoyana” / “alcoyana”,
diría el conductor de TV Berugo Carámbula.
Pero la frutilla de la torta es el tema de DANCOTEX,
donde el Poder Judicial resuelve un procedimiento y por la presión de algunos
sindicalistas, el funcionario judicial desiste de llevar a cabo la medida, en
una actitud en el mejor de los casos desconcertante, dado que a pocas cuadras,
como mencionaron los medios de prensa presentes, se encontraban las fuerzas
policiales prontas a intervenir. Con posterioridad se decide por parte de la Justicia volver a efectuar el
procedimiento y éste se ve nuevamente frustrado por un llamado del Ministro del
Interior José Díaz, que le solicita a la Suprema Corte de Justicia lo suspenda
por no estar el Ministerio a su cargo en condiciones de enfrentar el
procedimiento que garantice el accionar judicial. No sabemos entonces en la
primera instancia que hacían los efectivos policiales acantonados a pocas
cuadras de la textil, capaz que el Ministro no estaba al tanto, como de tantas
otras cosas en su Cartera. Parece poco creíble.
Amén de la incongruencia con la presencia policial en
la primera instancia, suponemos que el Instituto Policial está integrado por profesionales capaces y eso nos consta,
entonces resulta poco seria la argumentación del Secretario del Interior, más
parece una excusa para justificar una decisión política, que una inoperancia de
los efectivos a su cargo.
La actitud de José Díaz nos trae a la memoria los
incidentes del Hospital Filtro. De un lado militantes de izquierda, con la
concurrencia de importantes figuras políticas del Frente Amplio, intentando
impedir el accionar de la justicia y por el otro al entonces Ministro del
Interior Dr. Gianola empleando la fuerza coercitiva de su Secretaría de Estado
para hacer cumplir un mandato judicial. Ese día sentí vergüenza de ser uruguayo
al ver a compatriotas atentando contra un Poder del Estado y por otra parte
orgullo al ver por primera vez, luego de los oscuros años de la dictadura a la
Fuerza Pública emplearse para defender la institucionalidad. Entre el Sr. Díaz
y el Dr. Gianola hay un abismo: de responsabilidad política, de lo que significa
la defensa de las instituciones y del respeto al estado de derecho que rige a
todos los habitantes del territorio nacional.
Todo este relato apunta a que si bien el Poder
Judicial indudablemente actuando dentro de la Ley y de la independencia que la
Constitución le confiere, a los ojos de nosotros los ciudadanos nos queda casi
la convicción de que este Poder del Estado está al límite del marco que regula
su accionar. Creemos que tenemos el
legítimo derecho a preocuparnos por la confianza que despierta en la ciudadanía
la independencia de la Justicia en este País y entendemos que estos planteos
conducen a reafirmar la condición de Poder independiente, que todos pensamos
que tiene.
No sabemos si quienes hoy ostentan el Poder Ejecutivo
piensan igual que nosotros, parecería que no
En todo esto hay que aplicar una máxima que viene del
período de la República Romana cuando Cayo Julio César era Pontífice Máximo y
se puso en entredicho el honor de su mujer por lo cual se divorció de ella: “la
esposa de César no solo debe serlo, sino que también debe parecerlo”.