El problema del comienzo
de la personalidad fue objeto de un reformulamiento radical, a partir de Ia
sanción de la Ley 15.737, de 8 de marzo de 1985.
Esta ley Ilamada “ley de
amnistía”, incorporó, en su texto Ia ratificación de Ia Ilamada “Convención
Interamericana de Derechos Humanos”; también conocida, más comúnmente, como
“Pacto de San José de Costa Rica”, en homenaje a Ia ciudad donde se suscribió
el instrumento, en 1968.
Diez y siete años después
nuestro país ratifica dicha Convención o Pacto y lo hace ley interna.
En lo que, a efectos de este trabajo interesa, es,
particularmente el artículo 4º que tiene por “nomen” o “suma” “Derecho a la
vida”, y cuyo inciso 1º expresa que
“toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará
protegido por la ley, y, en general, a partir del momento de Ia concepción.
Nadie puede ser privado de Ia vida arbitrariamente”.
En primer lugar, se alude
a que “toda persona tiene derecho a que
se respete su vida”. Esto quiere decir, de acuerdo a lo que es hoy
pacíficamente admitido, esto es, que persona y ser humano es lo mismo (uno es
visto desde el punto de vista filosófico y jurídico, el otro es
visto desde el punto de vista antropológico y del lenguaje vulgar), que todo
ser humano tiene derecho al respeto de su vida.
Esta primera parte de
Ia disposición, concordada con las restantes disposiciones de todos los artículos de Ia Convención,
reafirma los textos constitucionales que incorporan, sin que conozcamos
excepción alguna, el derecho a Ia vida (artículo 7º Constitución nacional, que
con pequeños ajustes de mero detalle nos llega de Ia Constitución de 1830,
salvo Ia incorporación en 1934 del derecho al trabajo, y, a su voz, corroborado
por el artículo 26 en cuanto dispone que a nadie se aplicará Ia pena de
muerte).
En segundo lugar, se
introduce una novedad en los textos uruguayos, ya este derecho a Ia vida
“estará protegido por Ia ley” y, en general, a partir del momento de Ia concepción.
En tercer lugar,
consigna que nadie puede ser privado de Ia vida arbitrariamente. En realidad,
esta disposición cierra Ia defensa de Ia vida, al negar el derecho a “todos” de
disponer de Ia vida ajena “arbitrariamente”. Ciertamente el alcance del vocablo
“arbitrariamente” puedo ser materia de interpretación compleja. Pero, del
contexto en que se desarrolla Ia Convención, entendemos que “arbitrariamente”
debe entenderse sin una causa legalmente justificada. Por ejemplo, los países
quo conservan Ia pena de muerte, al aplicarla, no se está privando de Ia vida
“arbitrariamente”, sino en cumplimiento de una pena, luego de un juicio seguido
ante tribunal competente y donde debe el acusado gozar del derecho a una
defensa íntegra.
Iniciamos ahora el
comentario que nos merece Ia disposición contenida en Ia parte central del
primer inciso del artículo 4º del Pacto de San José de Costa Rica, en cuanto
establece respecto al derecho a Ia vida “Este derecho estará protegido por Ia
ley y, en general, a partir del momento de Ia concepción”.
Esta disposición nos
ofrece, primariamente, dos aspectos bajo los que puede ser estudiada. En primer
lugar, como un aspecto del derecho a Ia vida, por demás importante y sobre el
que se han producido en el país varios trabajos. En segundo lugar, y es el que
a los efectos de este trabajo más interesa, es Ia incidencia en Ia mutación del
comienzo de Ia personalidad, que es un problema del derecho civil. Por
supuesto, que ambos aspectos, o enfoques no sólo no son divergentes, sino
necesariamente convergentes. A nuestro entender, esta disposición, respecto al
problema del comienzo de Ia personalidad, alteró el sistema que era
generalmente admitido en nuestro derecho. En efecto, el sistema del nacimiento,
según algunos, y el complejo o restrictivo según los mas, que explicaban el
comienzo de Ia personalidad o por Ia sola circunstancia del nacimiento de Ia
criatura viva, o, por el nacimiento de la criatura viva, y además, que sea
viable, esto es de vida y que viva veinticuatro horas naturales, respectivamente,
han de ceder sus lugares frente a un sistema que establece que Ia personalidad
comienza con Ia concepción.
El sistema “conceptivo” o de Ia “concepción”, como momento del
comienzo de Ia personalidad es el único verdaderamente adecuado y el que resulta
de Ia normatividad interamericana adoptada en el indicado Pacto. Nadie discute que no hay derechos sin
sujeto; precisamente, el sujeto y
objeto son los términos de un tipo de relación jurídica. En Ia protección al
derecho a Ia vida “en general, a partir del momento de Ia concepción”, se debe
establecer quién es el sujeto protegido, quién es el sujeto activo de Ia
relación jurídica de protección a que se alude. Y aquí se armonizan, perfectamente
Ia expresión “ab initio” de este inciso 1º del artículo 4º del Pacto en cuanto
a que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida”, que es lo mismo
que decir, todo “hombre” o toda “mujer”, o todo “ser humano” o ”todo individuo
de Ia especie humana” o todo “sujeto de derecho” tiene derecho a que se respete
su vida. Se trata de una protección integral de Ia vida que incluye, claro
está, Ia protección contra los tratos
crueles a degradantes, amén de muchos más.
Ahora bien, si tal
protección no se inicia sino con el nacimiento, lo que sería un absurdo porque
para tener niños nacidos debo tener fetos protegidos, y si el mencionado Pacto,
hecho ley nacional, me extiende Ia protección del derecho a Ia vida “en
general, a partir del momento de Ia concepción”, no puede concluirse sino que
Ia vida humana está protegida desde el “momento de Ia concepción”. A partir de
Ia concepción, es que comienza el derecho a Ia protección a Ia vida, tenemos
como sujeto de derecho activo de esa relación tuitiva al “concebido”. A su vez,
si el “concebido” (el “nasciturus” del derecho romano), es sujeto de derecho
es, a Ia vez, persona, ya que ambos son conceptos inescindibles. Este
desarrollo nos Ileva a Ia ineluctable conclusión que el concebido es persona y
por consiguiente, es nuestro actual sistema, Ia personalidad comienza con Ia
concepción del ser humano, el momento de Ia iniciación de Ia personalidad es
Ia concepción.
Si Ia concepción es el momento en que comienza Ia
personalidad obliga a replantearnos, otra vez mas, el conocimiento jurídico y
Ia evolución seguida respecto del concebido.
En el derecho uruguayo, Ia concepción adquiere relevancia en varios campos.
En primer lugar, para establecer Ia filiación legítima (art. 215 C. Civil).
En segundo lugar, respecto a Ia capacidad do los concebidos para suceder o recibir por título de donación (art. 1617 C. Civil).
En tercer lugar, como excepción o defensa perentoria a Ia acción de investigación de Ia paternidad (art. 241, literal A). También se puede mencionar Ia norma del inciso 4º del articulo 227 C. Civil en cuanto veda el reconocimiento como hijo natural respecto de quien tenga Ia posesión notaria de hijo legítimo.
Con respecto al alcance
que debe darse a Ia protección de Ia vida del concebido que Ie es “en general a
partir del momento de Ia concepción” se ha dicho, por alguna vez aislada -en
algunos debates entre profesores de Ia Facultad de Derecho- que, por tratarse
de concebidos no puede hablarse de una
vida humana, en igualdad de jerarquía
con un criterio de identidad, entre Ia del concebido con Ia del nacido.
Según esta opinión, expuesta en forma
verbal, Ia vida que se protege, a tenor de Ia disposición en examen, es en puridad y propiamente, Ia vida humana, y no
Ia vida orgánica del feto en gestación. La vida humana es cualitativamente
calificada que Ia simple vida de Ia criatura en gestación, Ia que seria —
recordamos Ia expresión simple vida (“orgánica”) —por Io que- en los hechos —y
respecto al “status’ jurídico del concebido, nada importante ha introducido Ia
Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Creemos que Io que
reprodujimos, con Ia inevitable distorsión que conlleva una opinión escuchada hace años, no es de recibo. No
parece que pueda cuestionarse que allí donde no distingue el texto no debe
distinguir el intérprete que es una regla de oro en materia interpretativa
(“ubi lex nec distinguere, nec no distinguere debernus”). En efecto el artículo
4º de Ia Convención Ileva por “nomen” o “suma”: “Derecho a Ia Vida’ y desde que
es una Convención sobre derechos “humanos” no nos parece, siquiera opinable,
que se trata, por donde se mire el punto, del derecho a Ia vida humana tanto
intra como extrauterina, esto es, tanto del concebido como del nacido, ya que, de no ser así, carecería de
sentido hablar que Ia protección a Ia vida lo es, en general, a partir del
momento de Ia concepción. En cuanto a que existiría una vida orgánica, que no
sería objeto de protección en el Pacto y, luego, una vida humana Ia que,
sobrevendría más adelante, y esta sí, es Ia prevista como digna de amparo en el
artículo 4º de Ia referida Convención, creemos que es un artificio falso
destinado a cercenar Ia generosa protección a Ia vida que se ha incorporado al
derecho uruguayo.
Parece oportuno establecer
que, con Ia ratificación del Pacto de San José de Costa Rica, nuestro país
incorpora a su derecho interno una norma revolucionaria, vista baja Ia óptica
del derecho civil: Ia explícita y clara norma de que se es persona desde Ia
concepción.
Entiéndase bien que cuando Ia calificamos de revolucionaria, no
aludimos a que no se supiera desde mucho antes que Ia vida comenzaba con Ia
concepción o que no hubiera modelos jurídicos que tomaban Ia concepción como el
momento del comienzo de Ia personalidad, lo señalamos como un principio
informador de todas las construcciones jurídicas que, provenientes del
legislador, de Ia dogmática, de Ia jurisprudencia, o desde cualquier ámbito en
que se opera con el derecho, deberán
tener presente que se es persona desde Ia concepción con todas las
consecuencias imaginables. Como también lo dijéramos, es tarea del
investigador, del estudioso y, también, ciertamente, del legislador, hacer
efectiva esta protección a Ia vida, sin Ia cual, podemos decir, parafraseando
al Maestro Eduardo J. COUTURE, no hay Libertad, ni Justicia, ni Paz.
Dr. Enrique Arezo Píriz.