ARANA FIRMA PERO NO CUMPLE

Hace ya más de dos años los ediles departamentales del Partido Nacional conjuntamente con los diputados nacionalistas por Montevideo firmamos con el Intendente Arana el acuerdo que permitía la implantación de la tarifa de saneamiento, lo que permitía que el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo se pudiera seguir ejecutando en la ciudad.

Entre los puntos del acuerdo se encontraba la creación del ombudsman o Defensor del Vecino, cláusula ésta que fuera impuesta por el Partido Nacional y que fuera aceptada por el Intendente Municipal y ratificada por el entonces coordinador de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, Uberfil Hernández, que estuvo presente durante toda la negociación.

La mayoría de los puntos han sido cumplidos y por ello los barrios del Cerro, Rincón del Cerro y Casabó tendrán las obras de saneamiento cinco años antes de lo previsto, se logró una rebaja en la Tasa General Municipal, se llevaron adelante auditorías en algunos puntos de la administración, etc.

Pero no basta. El proyecto de Defensor del Vecino no ha logrado siquiera tener tratamiento en la órbita de la Junta Departamental de Montevideo.

Las razones que se esgrimen desde el conglomerado de izquierda es que no han podido ponerse de acuerdo en un punto para el cual su fuerza política ya adquirió un compromiso. Al Arq. Arana le debería preocupar la carencia de liderazgo que tiene sobre su propia bancada de ediles.

Tampoco han sido válidos los argumentos de quienes se oponen al Ombudsman municipal. La instauración de dicha figura supondría el otorgamiento de mayores garantías para los contribuyentes que a diario se ven avasallados por la estructura burocrática de la Intendencia Municipal de Montevideo.

Asimismo dotaría de mayor transparencia y cristalinidad a una gestión que en los últimos tiempos se ha visto sacudida por las denuncias de corrupción que salieron a relucir desde diferentes ámbitos.

Aún hoy a distantes dos años de aquel 3 de abril de 2001 en que se firmó el acuerdo, nos cuesta entender los motivos por los que no quieren un Defensor del Vecino en la Ciudad de Montevideo. No solamente basta con pregonar la transparencia de la gestión. Hay que actuar en consecuencia.

El proyecto que se encuentra a estudio de la Comisión de Legislación y Apelaciones de la Junta Departamental de Montevideo ha sido consensuado por parte del Ejecutivo comunal y el Partido Nacional y solamente espera las manos levantadas para comenzar con el proceso de designación.

A todo esto debemos sumarle el hecho de que el próximo es un año electoral, y todos sabemos de las dificultades que ello implica para la aprobación de proyectos de relevancia como el que señalamos. Indefectiblemente estamos al borde de los plazos políticos para poder concretar el último de los puntos del acuerdo de abril de 2001.

No se trata únicamente de una disputa entre dos Partidos Políticos por el cumplimiento de un compromiso asumido, lo que de por si constituye un aspecto relevante.

Lo primordial es que se está privando a la ciudadanía de contar con una herramienta más en la defensa de sus legítimos derechos como contribuyentes y de un instrumento que contribuya a dotar de mayor cristalinidad a la gestión municipal.

Una vez más la incapacidad de procesar las divergencias en la interna del Frente Amplio pone en duda la capacidad de esa fuerza política para lograr acuerdos extrapartidarios y deja de rehén a la población de la capital del país.

Martín Fernández