En toda democracia, los gobiernos son los principales
responsables de elegir los temas a discutir y resolver, y, cuando se tiene la
mayoría parlamentaria para aprobar todo tipo de leyes, la iniciativa es casi
privativa de la administración.
No es que los demás no juguemos, pero nuestra
capacidad de determinar cual va a ser la agenda, está fuertemente limitada por
las circunstancias. Quedamos casi exclusivamente con el rol de ser
controladores de las acciones del gobierno.
Uruguay tiene distintos tipos de problemas a atacar
que se pueden resumir en la necesidad de generar actividad económica y trabajo;
atender los problemas de pobreza e indigencia de una significativa parte de su
población, así como procurar revisar algunos asuntos estructurales vinculados a
la calidad de vida de los habitantes, como la seguridad, la salud y la
educación.
El gobierno se equivoca al elegir del menú de
opciones.
Las cuestiones que hoy están en la opinión pública y
en la agenda del gobierno, son otras.
Hace siete meses que el Presidente de la República y
todo el gobierno, han instalado el tema de los desaparecidos como la principal
prioridad en la agenda nacional.
Sin abrir juicio sobre la justicia del planteo, lo
más criticable del mismo es la intensidad y la recurrencia que se le ha dado.
Hoy no existe asunto más importante para el gobierno que el encontrar los
restos de los desaparecidos. Esto no es bueno.
En discusión deberían estar otros asuntos. El
colectivo: políticos, periodistas y ciudadanos en general, deberíamos estar
analizando otras cosas que los comentarios infelices de algún jerarca respecto
de los militares o los resultados del día de los antropólogos en el batallón
14.
El mundo anda por otro lado .Y a otra velocidad.
Mientras,
sigue sin votarse el tratado de protección de inversiones con los
Estados Unidos.
No solo no avanzamos. En términos relativos,
retrocedemos. Los demás andan a la velocidad de un jet y nosotros seguimos en carreta.
Un vergonzoso presupuesto quinquenal propuesto crea
más de diez mil cargos de funcionarios públicos, 35 cargos de confianza
política, politiza el servicio exterior, genera más gasto, y entorpece el crecimiento y el desarrollo
económico.
El Gobierno elige el menú, y se viene equivocando
feo.
Desde la oposición tenemos la obligación, no solo de
controlar sino también de denunciar.
En eso estamos.