LAS LEYES Y LOS GOBIERNOS
En el debate que se esta desarrollando sobre la ley de Ancap, aparece un elemento que lejos de ser accesorio creemos es de primordial importancia: el reconocimiento de cual es el valor de las leyes.
El
Frente Amplio, a través de sus principales figuras, ha ensayado distintas
líneas argumentales sobre el eje de la discusión del referéndum, algunas de ellas pueden ser compartibles y
otras rechazables.
Lo
novedoso que aparece en estos últimos días, como un peligroso planteo es el del
criterio que defiende la relatividad del valor de las leyes, en función de
quien este a cargo del gobierno para su aplicación.
Dicen
que no se oponen a la asociación de la empresa petrolera nacional, sino que lo
hacen por entender que este, u otro gobierno que no fuese hipotéticamente el suyo, podría dar mal uso
a la norma legal en discusión.
Este
es uno de los mayores disparates que un
partido político pueda llegar a defender.
Es
como si se dijese que la constitución o las leyes vigentes, y por que no los
decretos, que en su conjunto completan el marco normativo que nos regula, son
de dudosa validez o vigencia en función de quien gane las elecciones, lo que
desde todo punto de vista constituye un absurdo.
El
orden institucional descansa en la plena vigencia de ese marco normativo.
Sin
seguridad jurídica, no hay futuro posible para ninguna sociedad organizada
democráticamente.
Nos
preocupa este mayúsculo llamado al establecimiento de un desorden institucional
como al que se apela desde un planteo imposible y peligroso.
Debemos
coincidir, sin embargo en que resulta lógico que quienes por la vía de la razón
y la argumentación sobre el fondo del asunto, encontrándose atrapados por sus propios dichos, ensayen
desesperadamente este tipo de planteos, como fórmula de escape.
La
madurez política, no llega solo con el tiempo, se nutre especialmente de las
convicciones y la solidez de los valores, los que en este caso brillan por su
ausencia.