JUZGUEMOS A LOS DICTADORES, PERO A TODOS

Las órdenes de detención al ex dictador argentino Jorge R. Videla y 45 otros ex represores tras un pedido de extradición de España son una buena noticia para la causa de la justicia global. Lástima que esté rodeada de hipocresía política.

Muchos de los que están festejando el arresto de los ex dictadores militares de derecha son los primeros en oponerse a las acciones legales internacionales contra los dictadores de izquierda, como Fidel Castro. Para ellos, un ex dictador militar de la década de 1970 es un criminal, pero uno de izquierda que hasta el día de hoy fusila a sus opositores es un héroe romántico.

''A sus jaulas'', aplaudía un titular a toda página del diario de izquierda progubernamental Página 12 en Argentina, sobre una fotografía trucada que mostraba a los militares represores en traje de presos, tras las rejas. ''Vayan preparando 46 trajes a rayas'', decía el subtítulo.

Sin embargo, el mismo periódico apenas podía contener su excitación cuando Castro visitó Argentina el 25 de mayo para la asunción del presidente Néstor Kirchner. Publicó una entrevista aduladora con el dictador visitante, y todavía hoy --meses después-- ofrece en su página web ''el discurso completo'' del comandante en Buenos Aires.

Lo que es peor: el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, un dinosaurio político apoyado por Kirchner que festejó los arrestos de los ex jefes militares esta semana, es el mismo que le dio a Castro una medalla de reconocimiento de la ciudad en su reciente visita, diciéndole que ``usted es uno de los hombres más respetados del mundo''.

Y el secretario de Derechos Humanos del gobierno de Kirchner, Eduardo Luis Duhalde, fue citado por el diario La Nación en esos días diciendo que no le constaba que en Cuba hubiera violaciones a los derechos humanos.

Todo eso ocurrió apenas semanas después de que Castro ordenó las ejecuciones sumarias de tres personas por tratar de huir de la isla en una embarcación secuestrada, en un incidente en el que nadie resultó herido. Poco antes, Castro había ordenado el arresto de 75 opositores pacíficos --incluidos 26 periodistas-- y los condenó a penas de hasta 25 años de prisión.

Por suerte, hay algunas mentes más democráticas en el gobierno argentino: el canciller Rafael Bielsa me dijo en una reciente entrevista que las declaraciones de Duhalde ''no reflejan la posición del gobierno''. Pero, según la prensa argentina, el propio Kirchner había aconsejado poco antes que Argentina cambiaría su anterior condena a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por una abstención.

El caso contra los 46 militares represores argentinos tiene el mismo trasfondo que el reciente intento de extraditar al ex dictador chileno general Augusto Pinochet. Por un lado están quienes dicen que nadie puede ser juzgado fuera de su país, y por el otro lado está un movimiento nacido de las atrocidades nazis en la II Guerra Mundial, según el cual cuando los países no enjuician a sus violadores de los derechos humanos, deben hacerlo otros.

Yo coincido con estos últimos. Creo que es hora de aunar esfuerzos para evitar que los violadores a los derechos humanos se sigan cobijando en las leyes de sus países, aduciendo vetustos conceptos de ``soberanía nacional''.

¿Pero hay alguna razón por la cual debamos extraditar a los ex dictadores de Argentina, y no a Castro, o al dictador norcoreano Kim Jonk-il? ¿No tendríamos que someter a juicio a todos ellos?

Le hice estas preguntas a José Miguel Vivanco, el director de América Latina de Human Rights Watch, que ha estado en la vanguardia de los esfuerzos internacionales por juzgar a Pinochet, el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt y varios otros represores.

''La única diferencia entre Fidel Castro y los jefes de las juntas militares argentinas es que Castro es un jefe de Estado en ejercicio, y los otros no'', me dijo Vivanco. ``No veo otra diferencia entre lo que hicieron las juntas militares argentinas, y las políticas de Castro de violaciones sistemáticas y dirigidas desde el Estado a los derechos humanos y las libertades fundamentales durante los últimos 40 años''.

Al igual que los generales argentinos, Castro ordenó ''ejecuciones sumarias masivas, sin ningún tipo de juicios'' en la década de 1960, sin contar con las más recientes, dijo Vivanco. Debería ser juzgado en el exterior, como lo fue el ex líder yugoslavo Slobodan Milosevic cuando todavía estaba en el poder, agregó.

Estoy de acuerdo. La globalización de la justicia es una buena causa, que merece nuestro apoyo. Pero tendría que haber una prueba para todos los que se dicen defensores de los derechos humanos: si no están en contra de todos los violadores a las libertades fundamentales --sean de derecha o izquierda-- tienen una mentalidad tan totalitaria como los que quieren llevar a prisión. Muchos en Argentina no pasarían esa prueba.