La discusión acerca de las conclusiones a las que arribaron las Comisiones Investigadoras de la Junta Departamental de Montevideo que tenían como objeto el análisis de las concesiones del Parque Rodó y la actuación del secretario privado del Intendente fueron el detonante para que nuevamente se confronten visiones sobre la transparencia y cristalinidad que deben regir la función pública.
En ambos casos existieron dos informes absolutamente contrapuestos presentados por el oficialismo y la oposición.
Por parte del Frente Amplio se hacía un relato de las actuaciones y concluía con la inocua frase: “no existen pruebas”
Por parte de la oposición se advierten las irregularidades existentes en la totalidad de las concesiones del Parque Rodó y la costa del Departamento.
En primer lugar se contraviene la Ley Orgánica Municipal que establece que las concesiones deben pasar por el estudio y la aprobación de la Junta Departamental de Montevideo, extremo éste que no se cumplió en ninguna ocasión y para lo cual la Intendencia buscó los artilugios y chicanas que tenía a su alcance.
Se configuró un pésimo negocio económico en la concesión del Parador Yacht (hoy W. Lounge) por el cual el concesionario paga un canon de 9500 pesos y lo subalquila en 5600 dólares. De esta manera además se incumple con lo dispuesto en el contrato acerca de la imposibilidad de suabarrendar que tiene el concesionario.
Se habilitó además a la negociación entre particulares para el traspaso de una concesión incumpliendo con las normas del TOCAF y beneficiando directamente a un diputado del Frente Amplio que actualmente explota el local.
En otro de los casos se habilitó una concesión precaria para que funcione Plaza Mateo con la condición de que posteriormente se llamaría a licitación y debería respetarse el resultado de la misma. La licitación se llamó y fue declarada desierta hace más de dos años por lo cual nos encontramos ante otra concesión otorgada directamente por las jerarquías municipales.
Ante la constatación de las irregularidades precedentemente expuestas y en el entendido de que a la Junta Departamental de Montevideo le corresponde la atribución que le comete la Constitución de la República como órgano de contralor político de la gestión municipal, entendíamos que se debían señalar las irregularidades y atribuir las responsabilidades políticas que en el caso del Parque Rodó son imputables al Director de Desarrollo Económico y Regional, Sr Alberto Roselli.
No obstante, ante la posibilidad de que estos elementos supongan delito penal, optamos por presentar las actuaciones a la Justicia, que en una democracia que se precie de tal, debe ser el poder que determine si existieron meritos para configurarle responsabilidad penal a las jerarquías municipales.
La base de la denuncia penal está en la Ley Anticorrupción (27060) y los decretos que la regulan en donde se establece que corrupción existe cuando a través de una resolución de un jerarca se estable ce un beneficio para sí mismo o para terceros.
Asimismo algunas de estas actuaciones podrían encuadrarse dentro del delito de “Abuso de funciones”.
Pero probablemente la mayor sorpresa fue aportadza desde la Intendencia Municipal de Montevideo posteriormente al debate en la Junta Departamental de Montevideo sobre las Comisiones Investigadoras.
Recientemente se anunció que la IMM presentará un proyecto por el cual se prohíbe “a los funcionarios solicitar o aceptar dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores, promesas u otras ventajas directamente o indirectamente para sí o para terceros a fin de ejecutar, acelerar, retardar u omitir un acto de su empleo o contrario a sus deberes o por un acto ya cumplido”.
Esto supone el reconocimiento de la administración de una situación preexistente y lo que es peor pretende solucionarlo a través de una resolución que refiere a normas éticas fundamentales, que hacen a la honestidad y honradez con que se debe ejercer la función pública, se encuentren en una resolución o no. Asimismo en la resolución no se encuentra lo que debe ser lo medular: Que la inobservancia de estos lineamientos éticos suponen la inmediata separación del cargo.
En síntesis la Intendencia Municipal de Montevideo ha dado el ejemplo de una gestión en la cual la transparencia y la cristalinidad escasean y que seguramente será objeto del juicio crítico de los votantes a la hora de emitir el sufragio.